Qué, dónde y cuándo. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió apartar de manera preventiva al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. La medida se adoptó en el marco del jury iniciado a partir de una denuncia por acoso sexual presentada en julio de 2025 por una funcionaria que se desempeñaba en ese mismo tribunal de alzada.

El magistrado ya se encontraba fuera de funciones desde hacía varias semanas, por una licencia ordenada por la Suprema Corte provincial en forma paralela al avance de la investigación. Con la resolución del Jurado, el apartamiento quedó formalizado y se despejó el camino para continuar con el análisis de los cargos en su contra.

Cómo se originó la denuncia

La pesquisa se inició en julio de 2025, cuando la funcionaria afectada radicó una presentación ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. En su escrito describió mensajes del magistrado con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de propuestas de encuentros personales. Acompañó la denuncia con chats y audios como respaldo probatorio.

A partir de esa presentación se abrieron dos frentes en paralelo. Por un lado, la Subsecretaría de Control Disciplinario instruyó un sumario administrativo. Por el otro, la Justicia avanzó con una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo. En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, lo que dio inicio formal al trámite del jury. Más tarde se acumuló al expediente una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro.

Los seis cargos formulados por la fiscalía

• Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, según el cuadro descrito en la denuncia original.
• Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, expresados en descalificaciones y órdenes arbitrarias.
• Uso de recursos del Estado con fines de beneficio personal.
• Trato irrespetuoso hacia superiores y empleo de referencias a su cargo con fines intimidatorios.
• Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
• Delegación irregular de su firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.

Cómo sigue el proceso

El jury está presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, e integrado por conjueces abogados y conjueces legisladores designados para el caso. Tras la decisión de apartar al magistrado, el procedimiento continúa con la producción y valoración de la prueba incorporada al expediente, en la etapa previa a la definición de la situación procesal del juez denunciado.