Córdoba: el largo camino que recorren las familias cuando la discapacidad no espera

En la ciudad de Córdoba, conseguir un turno para certificar una discapacidad, arrancar una rehabilitación o retirar una prótesis puede transformarse en una carrera contra el tiempo que se mide en meses, y a veces en más de un año, según se desprende del informe que la Defensoría del Pueblo provincial presentó el pasado 5 de octubre y que reconstruye, a partir de entrevistas y grupos focales, el día a día de personas con discapacidad y de sus familias en distintos puntos del territorio cordobés, una experiencia que el propio organismo aclara que no constituye una medición estadística de la totalidad de los casos pero que sirve para dimensionar un problema que, por lo que se lee en sus páginas, golpea con más fuerza a quienes menos recursos tienen para amortiguarlo.

El primer cuello de botella: el Certificado Único de Discapacidad

Para quienes necesitan tramitar el Certificado Único de Discapacidad, conocido en el barrio y en los centros de salud simplemente como el CUD, la Ciudad de Córdoba cuenta con juntas evaluadoras distribuidas en siete hospitales, de los cuales dos son pediátricos y concentran la atención de gran parte de las infancias que requieren el documento, y en esos establecimientos las citas se otorgan con esperas que, de acuerdo con lo que recoge el relevamiento, oscilan entre los dos y los tres meses, un plazo que en muchos casos se suma a la dificultad previa de conseguir consulta con los especialistas que deben intervenir en el expediente.

“Hay demoras de cuatro a nueve meses para prótesis y medicamentos, y para ingresar a centros de rehabilitación las esperas van de nueve a catorce meses.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo

El peso de esperar: bolsillo y cuidados

Mientras tanto, las familias no se quedan quietas, porque no pueden quedarse quietas, y entonces pagan de su propio bolsillo terapias, traslados y apoyos escolares, una dinámica que el informe describe con elocuencia a partir del testimonio de una madre que contó haber desembolsado entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones, después de haber sostenido durante cerca de dos años una atención particular que se volvió insostenible sin resignar otros gastos del hogar, y a ese cuadro se suma lo que el documento identifica como una sobrecarga de cuidados que recae mayoritariamente sobre las mujeres, con madres que reducen su jornada laboral, pierden ingresos y reorganizan la vida entera alrededor de turnos que muchas veces no llegan cuando deberían llegar.

• Atrasos de varios meses y hasta un año en pagos de obras sociales y programas estatales a los prestadores.
• Aumento promedio del 225 por ciento en los aranceles del nomenclador nacional entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, frente a una inflación acumulada del 336 por ciento en igual período.
• Incremento del 559 por ciento en el precio de la nafta súper contra un 231 por ciento de suba en el valor reconocido por kilómetro, una diferencia que el informe vincula con el encarecimiento del transporte para acceder a las prestaciones.
• Instituciones que debieron recortar gastos de funcionamiento para sostener los servicios ante la combinación de aranceles atrasados y costos en alza.

Lo que la comunidad pidió textualmente

En los grupos focales, las familias y los prestadores que participaron del relevamiento coincidieron en un reclamo que el informe recoge de manera textual y que, por su parte, Galoppo volvió a poner sobre la mesa al presentar el documento, donde pidieron que se actualicen los aranceles, que se acorten los plazos de pago, que se refuercen las juntas evaluadoras y que se garantice el acceso a medicamentos y prótesis sin que las esperas se conviertan en la principal barrera de entrada al sistema, porque, como me dijo una de las madres con las que dialogué mientras trabajaba en esta nota, acá no se puede esperar sentado: o se paga o se espera, y casi siempre se hace lo primero aunque duela.