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Lunes, 19 de octubre de 2026
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El régimen que compatibiliza empleo agrario temporario y planes sociales se prorroga hasta 2027

Un decreto publicado esta semana en el Boletín Oficial extiende por doce meses el mecanismo que permite a unos 50.000 trabajadores rurales estacionales conservar sus beneficios sociales mientras dura la cosecha, una herramienta clave para evitar que la registración laboral implique perder la red de contención del hogar.

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Iván Escobar NazarCampo y producción · · 4 min de lectura
El régimen que compatibiliza empleo agrario temporario y planes sociales se prorroga hasta 2027

El escenario recurrente en cada cosecha vuelve a quedar regulado por el Estado nacional: para miles de familias rurales del norte y del centro productivo argentino, aceptar un empleo registrado durante una zafra significaba históricamente poner en juego los planes sociales que sostienen el hogar el resto del año, un dilema que el régimen de compatibilidad creado en 2021 procura desactivar, y que acaba de ser prorrogado hasta el 1 de septiembre de 2027 mediante el Decreto 1204/2026, publicado esta semana en el Boletín Oficial.

La normativa se aplica específicamente a quienes se desempeñan bajo las modalidades de trabajo agrario temporario o permanente discontinuo contempladas en la Ley de Trabajo Agrario, así como a los involucrados en contratos eventuales de tareas agropecuarias y a los comprendidos en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial, un universo que, según las cifras oficiales que acompañan la medida, alcanza a alrededor de 50.000 personas en todo el país, a las que se suman unos 83.000 hijos de aportantes que también quedan cubiertos por el esquema.

Qué beneficios se mantienen durante la cosecha

  • Asignaciones familiares correspondientes al trabajador temporario, con un piso equivalente al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo.
  • Tarjeta Alimentar, que continúa abonándose con independencia de la duración del contrato.
  • Programa Volver al Trabajo, sujeto a las condiciones particulares de cada caso y al cumplimiento de los requisitos de cada jurisdicción.
  • Acceso al monotributo social, una vía que permite al trabajador emitir facturación y mantener su obra social durante el período de actividad registrada.

Un punto sensible para el ingreso familiar es el piso establecido para las prestaciones: las asignaciones familiares pagadas durante estos contratos no pueden ser inferiores al valor de la Asignación Universal por Hijo, lo que configura un umbral mínimo garantizado para los hogares con hijos, independientemente de la duración efectiva de la temporada de trabajo.

Cuando la relación laboral bajo estas modalidades se extiende de manera continua por más de seis meses, ciertos beneficios monetarios de programas sociales —con excepción de la Tarjeta Alimentar— pasan a computarse como parte integrante del salario, una cláusula orientada a acompañar el proceso de transición hacia un empleo formal pleno sin que ello implique un salto brusco en los ingresos disponibles del hogar.

El esquema contempla además una reducción de las contribuciones patronales para los empleadores que contraten bajo estas modalidades, un incentivo que las autoridades nacionales describen como una herramienta destinada a promover la registración laboral en el sector agropecuario, donde la informalidad ha sido históricamente uno de los flagelos más difíciles de revertir, sobre todo en las economías regionales donde la estacionalidad de los cultivos, las zafras tabacaleras, las cosechas de citrus, de berries y de hortalizas concentran picos de demanda de mano de obra durante lapsos relativamente breves.

La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental para sostener el empleo registrado en las economías regionales y para que los trabajadores puedan acceder a un trabajo digno sin perder la red de protección que sostiene a sus familias durante el resto del año.

Desde el lado gremial, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) había advertido, en las semanas previas a la firma del decreto, que unos 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo en todo el país por la incertidumbre que generaba la eventual caducidad del régimen, una cifra que da cuenta del volumen de actividad laboral que la herramienta pone en juego y que permite dimensionar por qué la prórroga fue recibida con expectativa por las entidades que representan a los trabajadores del sector.

Claves operativas del decreto

  • Vigencia: la prórroga se extiende hasta el 1 de septiembre de 2027, lo que otorga previsibilidad a las próximas campañas agrícolas.
  • Alcance: cubre a trabajadores temporarios, permanentes discontinuos, contratados eventuales y a los comprendidos en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial.
  • Piso de prestaciones: las asignaciones familiares no pueden quedar por debajo del valor de la Asignación Universal por Hijo.
  • Transición: cumplido ese lapso, el programa Volver al Trabajo se asimila al salario, lo que facilita la continuidad en el empleo formal pleno.
  • Incentivo empleador: se mantienen reducciones en las contribuciones patronales para quienes contraten bajo estas modalidades.

En un contexto donde el calendario agrícola argentino se anticipa a la próxima campaña fina y donde las estimaciones preliminares de rinde por hectárea que difunde el informe del INTA Yuto vuelven a marcar la agenda de las economías regionales del NOA y el NEA, la decisión oficial de prorrogar el régimen de compatibilidad introduce un elemento de certidumbre que las entidades rurales y los propios trabajadores venían reclamando con insistencia, en la medida en que permite planificar las contrataciones estacionales con un horizonte temporal claro y sin la amenaza de tener que elegir entre el ingreso formal de la cosecha y la continuidad de los planes sociales que el resto del año resulta determinante para la subsistencia de las familias involucradas en la cadena agroproductiva nacional.

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Iván Escobar NazarCampo y producción

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