Eran cerca de las once de la noche cuando la conocí. Estaba sentada en una silla plástica del pasillo, acompañada por su mamá, con una mirada que se perdía en el piso de la guardia del hospital público. Había intentado cortarse las muñecas esa tarde y la habían traído entre vecinos. Tenía diecisiete años y un diagnóstico reciente que la familia todavía no terminaba de procesar. Mientras le conseguían una cama en el servicio de salud mental, la médica de guardia me dijo algo que se me quedó grabado: ya no eran casos aislados, era una fila que se estiraba. Esa escena, multiplicada por miles a lo largo del país, es lo que empieza a dibujar un relevamiento federal que acaban de presentar en el Senado.

Cifras que muestran un sistema al límite

El trabajo fue coordinado por la Universidad Nacional de Lanús y reúne información que aportaron las máximas autoridades sanitarias de catorce provincias: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. También participaron Entre Ríos y Río Negro. En conjunto, esos distritos representan más del setenta por ciento de la población argentina, lo que le da al panorama una robustez poco habitual en este tipo de mediciones.

• Las consultas ambulatorias por problemas de salud mental crecieron 23% en el último año.
• Las internaciones subieron 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional de 12% en los últimos doce meses.
• En la provincia de Buenos Aires, el 30% de las consultas en guardias hospitalarias corresponde a problemas de salud mental.
• Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales.
• Trece de las catorce provincias ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos para consumos problemáticos.

El dato más fuerte, el que más me golpeó cuando lo leí, es el de las internaciones: un cuarenta y dos por ciento más en apenas tres años. Para que se entienda con una imagen de la vida cotidiana, es como si en una casa donde antes entraba una persona por año a internarse ahora entraran casi dos, en el mismo plazo. Y en una guardia hospitalaria, donde el espacio es siempre el mismo, eso se traduce en colchones en el piso, esperas de horas y familias que se turnan para contener a un hijo, una madre, un hermano que no encuentra lugar.

El informe también describe a quién le está tocando la puerta del sistema. Hay una mayor demanda de atención de niñas, niños y adolescentes, y un perfil que se repite: personas que perdieron la cobertura de una obra social o una prepaga y terminaron en el hospital público, sin red, sin turno, sin saber a quién llamar. Las provincias lo plantearon con una palabra que me parece la más honesta del documento: las capacidades están sobreexigidas. Es un modo elegante de decir que no alcanzan, que los equipos están agotados y que cuesta completar las plantas con disciplinas críticas, como psicología o psiquiatría infantojuvenil.

Qué piden las provincias y por qué el debate en el Senado importa

Cuando uno lee los pedidos que las autoridades sanitarias provinciales dejaron por escrito, aparecen cinco ejes que se repiten provincia tras provincia. Piden más inversión para sostener los dispositivos que ya existen y abrir nuevos. Piden ampliar la infraestructura y, sobre todo, los recursos humanos. Piden garantizar el acceso a medicamentos, que para muchos pacientes son la diferencia entre sostenerse afuera o terminar otra vez en una guardia. Piden producir información epidemiológica nacional de calidad, porque sin números comunes no se puede planificar. Y, quizá lo más difícil, piden recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios que en los últimos años se fue deshilachando.

El informe llegó al Senado en un momento clave: el Congreso debate una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010. Las autoridades provinciales plantearon, con preocupación, que la propuesta elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental sin incorporar, al mismo tiempo, el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos. Es un argumento que no admite ambigüedad: o se cuida el piso de derechos y se invierte para sostenerlo, o el edificio empieza a ceder justo cuando más se necesita.

Vuelvo a la chica del pasillo. Esa noche, después de varias horas, le asignaron una cama en un servicio que ya estaba completo. La médica que me había contado lo de la guardia me escribió al día siguiente para avisarme que estaba estable, pero que la lista de espera para los dispositivos ambulatorios de seguimiento daba vuelta la manzana. Es una historia chica, de una sola paciente, pero multiplicada por miles cuenta lo que dicen los números: que la salud mental en Argentina dejó de ser un tema de expertos para convertirse en una demanda social que toca la puerta de cada hospital público del país. Y que, como sociedad, todavía estamos eligiendo si respondemos con más camas, más profesionales y más redes comunitarias, o si dejamos que la fila siga creciendo.