A Margarita le vaciaron la cuenta un martes a las tres de la tarde. Estaba en la parada del colectivo, apretando el celular para pagar el viaje, cuando le llegó un mensaje del banco pidiéndole que confirme una transferencia que ella no había hecho. Cuando quiso reaccionar, ya era tarde: le habían sacado casi todo el sueldo de un mes. Lo peor no fue el dinero, fue la sensación. Esa misma semana, una amiga del barrio perdió cien mil pesos por un link falso que le llegó al teléfono. Y el vecino del tercer piso, otro tanto, pero esta vez por una cuenta destino que nadie sabía de dónde venía. Cuando llegó al banco a hacer la denuncia, una de las empleadas le dijo algo que a Margarita le quedó sonando en la cabeza: «Las billeteras ya están mirando otra cosa, algo nuevo que les pasó desde el Banco Central». Esa frase, medio enojada, medio esperanzada, es la puerta de entrada a un cambio que empezó a aplicarse en septiembre y que apunta directo al corazón del fraude electrónico en la Argentina.

Un perfil de riesgo construido con datos oficiales

Yo trabajo hace años en la guardia de redacción de un portal de noticias y, cada vez que cae un caso de estafa digital, lo primero que se ve en las denuncias es lo mismo: el damnificado transfirió a una cuenta desconocida o le vaciaron el saldo sin entender cómo. Ahora, detrás de cada operación que se hace desde el celular, el sistema de monitoreo que ya existía sumó una herramienta nueva: el Banco Central empezó a pasarles información pública a los administradores de transferencias inmediatas para que armen un perfil de riesgo por cada usuario.

Piensen en esto como si la casa tuviera tres cerraduras. La primera es la que siempre puso cada billetera o banco, con sus propios controles antifraude. La segunda, la que ya estaba, miraba los movimientos que el usuario hacía adentro de la plataforma. La tercera, la nueva, es una cerradura que trae datos de afuera: cruza lo que pasa dentro con lo que pasa afuera, y así ciertos patrones dejan de parecer normales. Una cuenta puede moverse tranquilamente por una billetera y, al mismo tiempo, estar conectada a otras cien que saltan como sospechosas. Eso, antes, era invisible.

• Al incorporar un cliente nuevo: sirve para decidir si se lo acepta o se lo mira con más cuidado desde el primer día.
• Durante el monitoreo habitual de transacciones: si una operación sale del patrón, aparece marcada.
• En las revisiones periódicas que exigen las normas de conocimiento del cliente, las conocidas como KYC por su sigla en inglés: sirve para actualizar el riesgo de cada cuenta y prevenir lavado o fraude.

El foco principal está puesto en las cuentas que canalizan dinero hacia circuitos de apuestas clandestinas, que es donde más fuerte golpea el fraude. Pero el esquema no se queda solo ahí: también se piensa para cualquier modalidad de fraude electrónico, de la suplantación de identidad al robo de clave, de la venta de cuentas usadas como intermediarias hasta los famosos links truchos que llegan por mensaje de texto.

El volumen que está en juego

Para entender por qué el Banco Central apuró esta movida, alcanza con mirar un número. En julio se hicieron 777 millones de transferencias inmediatas por un total de 99,5 billones de pesos, con un crecimiento del 22,2 por ciento respecto del mismo mes del año anterior. Tres de cada cuatro operaciones usaron la Clave Virtual Uniforme, ese alias que todos tenemos asociado al DNI. Es decir, casi todo el dinero digital del país pasa, en algún momento, por una fintech o una billetera virtual. Si esa puerta queda floja, la pierde todo el mundo.

Qué cambia para bancos, billeteras y fintech

La regulación no se limita al sistema de perfiles. Con la normativa que se publicó en el Boletín Oficial el primero de septiembre, los bancos tienen que meter al fraude, tanto el de adentro como el de afuera, dentro de su gestión de riesgo operacional. Esto significa, en criollo, que ya no alcanza con tener un antivirus: hay que tener políticas escritas, niveles de tolerancia definidos y una persona con nombre y apellido que se haga cargo del tema. Además, cada tres meses el directorio del banco tiene que recibir un informe sobre cómo se está gestionando el fraude.

Para las billeteras y los proveedores de cuentas de pago, los tiempos son más largos. Entre septiembre y diciembre de este año tienen que definir las estructuras y las políticas antifraude. Durante todo 2027 van a tener que avanzar en la documentación de los procesos y los manuales. El plazo final llega en septiembre de 2027, que es cuando la regulación ya les tiene que caer madura como un pera, según la letra chica que maneja esta redacción.

Volvamos a Margarita, la del principio. Cuando elBanco le pasó los datos a las entidades, se armó una primera lista de cuentas marcadas. Probablemente, la cuenta destino a la que le transfirió ella sin saber estaba en esa lista, o terminó en ella con el correr de los meses. La pregunta que todos se hacen en el barrio es simple: ¿alcanza con esto para que la próxima vez no le roben? La respuesta corta es que no está garantizada, pero la herramienta nueva le da a las plataformas un argumento más para frenar una operación sospechosa antes de que el dinero vuele. Y, sobre todo, deja escrito quién mira, cómo mira y cada cuánto tiene que mirar. En un país donde el celular ya es la sucursal del banco, eso no es poco.