Qué, dónde y cuándo. La jueza federal María Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, resolvió el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Antonio Martins por el delito de lavado de activos, en el marco de una causa donde se investigan operaciones con bienes presuntamente provenientes de la explotación sexual de mujeres. La medida se conoció en las últimas horas y alcanza, además, a un embargo sobre los bienes del acusado por 300 millones de pesos. La investigación es llevada adelante por el citado juzgado con intervención de la Gendarmería Nacional Argentina y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

El planteo de la defensa sobre las fechas

Durante la etapa de instrucción, Martins se negó a responder preguntas en la declaración indagatoria y presentó un descargo por escrito en el que solicitó el sobreseimiento o, en subsidio, la declaración de falta de mérito. Su defensa cuestionó el encuadre temporal de la acusación y sostuvo que las 26 operaciones que se le atribuyen —vinculadas con la adquisición de inmuebles y la administración de sociedades— fueron realizadas entre 2009 y 2012, es decir, con anterioridad al período que la propia investigación tomó como firme para el delito antecedente de explotación sexual, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.

En el mismo escrito, el exintegrante de la SIDE señaló que el antecedente penal firme se circunscribía al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre, y afirmó que otras nueve causas abiertas por locales de su conocimiento habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Los argumentos del juzgado para avanzar con el procesamiento

Servini rechazó la línea argumental de la defensa. Consideró acreditada la participación de Martins en las maniobras investigadas y explicó que una sociedad mercantil constituida con anterioridad al delito puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, de modo que la fecha de creación de las firmas no resulta, por sí sola, un elemento suficiente para descartar las operaciones.

• Analizó de manera conjunta la actuación de sociedades argentinas y extranjeras en el esquema.
• Consideró los poderes de administración otorgados dentro de esa estructura.
• Evaluó la intervención de familiares directos del encausado.
• Concluyó que Martins mantuvo el control efectivo del entramado societario pese a no figurar formalmente como beneficiario final.

Origen de la pesquisa y situación procesal del imputado

El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, a partir de una comunicación anónima remitida al Ministerio de Seguridad de la Nación que advertía sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. La causa avanzó durante los años siguientes hasta que Martins fue detenido en México en 2019. Su traslado a la Argentina desde Cancún quedó a cargo de las autoridades federales y, tras los trámites de rigor, el hombre de 77 años quedó bajo disposición del juzgado de Servini.

Con el procesamiento con prisión preventiva, el expediente quedó a un paso del inicio formal del debate oral. La instancia procesal de Martins es, hasta tanto quede firme la resolución, la de procesado con prisión preventiva por lavado de activos, con un embargo trabado sobre su patrimonio por 300 millones de pesos.